La pugnacidad del poder Ejecutivo para subordinar a los poderes públicos legitimamente constituidos

Una de las principales características que identifican a un gobierno democrático, es la separación de los poderes públicos y ello pasa por el respeto de delimitar sus derechos y libertades en la toma de decisiones sin que se produzcan controversias en la subordinación y el respeto de las libertades y derechos que le otorga la Constitución y las leyes. Este orden jurídico e institucional, hace que el espíritu de la propia ley prevalezca sobre la voluntad personal de los gobernantes. La Carta Magna que delimitan deberes y responsabilidades de los poderes públicos parece estar convertido en letra muerta y se irrespeta al capricho del propio poder Ejecutivo y hace que los otros poderes queden subordinados a su majestad presidencial. Esta forma ortodoxa de gobernar bajo la premisa del Estado soy yo y nadie tiene la libertad de opinar, es una de las razones de que no avancemos en la conquista de nuestros derechos constitucionales y sujeto a las miserias y chantajes del gobierno. El presidente del país se olvida que debe gobernar para todos los Venezolanos, pero su terquedad política lo llevan a pensar que solo gobierna para los que le favorecieron con el voto, los opositores son marginados y castigados sin derecho a protesta. Esta última consagrada en el artículo 350 de la Constitución.

Actualmente hay tres poderes públicos que no logran dirimir sus controversias por el poder hegemónico que se quiere atribuir el poder Ejecutivo. Es conveniente recordar la alocución del presidente del parlamento Henry Ramos Allup cuando en la rendición de Memoria y Cuentas del presidente Maduro, asía énfasis que los únicos dos poderes sujetos a la elección popular mediante el voto, eran la elección uninominal del Presidente del poder Ejecutivo, y la pluralidad del voto de los Diputado a la Asamblea Nacional. Los demás poderes como el del Tribunal Supremo de Justicia, el Electoral y el Ciudadano, son elegidos desde la AN bajo ciertos parámetro de presentación y revisión de curriculum para poner al servicio de las instituciones a los mejores candidatos que reúnan las condiciones de legitimidad y capacidad lejos de las componendas políticas. Lo que le faltó decir al presidente del parlamento para no irrespetar la investidura de Maduro fue decir que él carecía de ilegitimidad de origen, por dos razones fundamentales. La primera no haber presentado su partida de nacimiento apostillada que lo acreditan como Venezolano por nacimiento. Lo segundo que está bajo sospecha y duda razonable si no obtuvo los votos para ser presidente. El CNE muy cuestionado por su parcialidad política.

Con el fallecimiento de Chávez no fue Maduro quien ejerció la potestad de asumir la autoridad de presidente, esta función tácitamente se la atribuyó Diosdado Cabello amparado como presidente de la AN, quien en una actitud de pretender ser un líder carismático como Chávez , instruye a Maduro sobre la manera de conducir el país. Allí comienza una pugna de autoridad y el piso político de la autoridad presidencial se vino abajo y se produjeron divisiones internas dentro del partido PSUV, incluyendo el personal militar de cuál Cabello tiene su principal fortaleza por haber sido miembro de esa institución en situación de retiro con el grado de Capitán. Los ánimos y las apetencias del propio Cabello parece ser el buscarle una salida política a Maduro y asumir el poder mediante una presidencia de unión cívico militar, para continuar gobernando bajo los mismos parámetros del Socialismo demoledor de las libertades ciudadanas. Con el triunfo de la nueva Asamblea Nacional, parece esfumarse las aspiraciones de Cabello quien como diputado arremete contra los 112 diputados dando la impresión de que son mayoría, no termina de bajarse de las nubes oscuras de tantas acusaciones que lo incriminan con supuestas actividades con componentes ilícitos del narcotráfico.

Haciendo un poco de historia Chávez se atribuía el poder absoluto de intervenir en las decisiones del poder Judicial, mantenía jueces provisorios que obedecían sus apetencias y caprichos aun al margen de la ley que ante el temor de ser sustituidos, dictaminarán siempre a favor del gobierno. Ejemplo de tantas irregularidades hay muchos, por tan solo mencionar uno como lo ocurrido en el año 2002, cuando Chávez reaccionó ante la decisión del TSJ, cuando este declaró que no existían méritos suficientes para enjuiciar a los cuatro ( 4 ) oficiales de las Fuerzas Armadas que estarían presuntamente involucrados en los sucesos de Abril 2002 cuando Chávez salió momentáneamente del poder. La mayoría de los Magistrados que votaron en contra de la sentencia fueron vilipendiados por Chávez quien con una metáfora excremental, acusó al TSJ de haber puesto " Una Plasta " de todos escuchada en las interminables cadenas televisivas. En una actitud revanchista ordenó la destitución de varios Magistrados del TSJ.

Otra de la excentricidades de Chávez con su poder plenipotenciario fue lo ocurrido en el año 2009. El caso de la juez María Lourdes Afiuni, quien haciendo uso de sus derechos de imparcialidad jurídica que la asiste como juez de la causa, otorgó la libertad condicional al banquero Eligio Cedeño acusado de varios supuestos delitos, con pocas pruebas que lo incriminan, la decisión fue libertad sujeta a presentación a los tribunales periódicamente, pues el juicio llevaba tres años pendiente. Chávez reaccionó violentamente a la decisión y pidió treinta años ( 30 ) de cárcel, la pena máxima, actuó como un juez inquisidor e incluso pidió si hacía falta cambiar la ley no dudaría en que se hiciera, porque es mucho más grave en un juez que libere a un supuesto bandido que el bandido mismo. El banquero Cedeño huyó del país ante las amenazas de intentarlo encarcelar de nuevo y la posibilidad de que pudieran atentar contra su vida, sus abogados hicieron su trabajo y la Juez Afiuni aún permanece en su casa de habitación por cárcel. El Juicio sigue su curso con probabilidad que pudiera ser sujeto de Amnistía al poderse tratar como un juicio político.

Concluimos el presente artículo con la esperanza, que el tiempo que le pudiera quedar al presidente Maduro, entienda sobre la necesidad de mantener la independencia de los poderes, la no intervención en asuntos que no son de su competencia y que cada poder público haga su trabajo de acuerdo a lo establecido en la Carta Magna. Pedir poderes especiales de emergencia económica para solucionar la crisis en un plazo de 60 días, carece de toda lógica, pues ya tuvo por dos años consecutivos la ley Habilitante y no hizo no necesario de su pedido y ahora pretende seguir pidiendo poderes especiales, un contrasentido de soluciones peregrinas para mantenerse en poder bajo la premisa del dios proveerá. La Asamblea Nacional tiene en sus manos la decisión de otorgarle a Maduro poderes discrecionales, aunque a juzgar por las opiniones de varios diputado, parece poco probable que le otorguen poderes especiales. La única salida es condicionar su salida como parte de los arreglos políticos para salir de la crisis.

Escrito por Lindolfo Perozo
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