La Justicia como virtud de proceder dejó de ser ciega y de ser cierto no es justicia para nadie.
Después de un hecho inédito en 17 años, la oposición ganó las elecciones parlamentarias del 6D y se convierte en mayoría opositora de los dos tercios del parlamento. Inmediatamente el oficialismo puso en marcha una serie de medidas para blindarse, ante un escenario de investigaciones que vendrían posteriormente, como resultado de su gestión y ante el temor de nuevas acusaciones derivadas de las diferentes auditorías practicadas, presumían saldrían muy mal parados y tendrían que responder por las irregularidades cometidas. El bando oficialista activó un plan de contingencia al mando de Diosdado Cabello como presidente de la extinta Asamblea Nacional. A tal fin aprobó y oficializó el nombramiento de 13 nuevos Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en reemplazo de los que posteriormente se le pediría una jubilación anticipada y en contra de su voluntad. El nombramiento una polémica por las irregularidades cometidas, entre otras el darse en sesiones extraordinarias y en el periodo vacacional en el asueto navideño. No se analizaron los currículos a los candidatos, haciendo caso omiso a los Baremos correspondientes, la mayoría miembros del partido oficialista. Tampoco reunían los tiempos de permanencia como para merecer su nombramiento. Se hizo todo a la carrera e irespetando los lapsos contemplados en la Ley. Plagado de irregularidades y bajo impunidad avalado por el Tribunal Supremo de Justicia.
Esta prácticas de violar la legitimidad de los poderes no es nada nuevo en la llamada Quinta Republica, el propio Chávez se atribuía poderes omnimodos y le gustaba influir e irrespetar el accionar de los demás poderes. No había terminado una ley Habilitante cuando inmediatamente estaba pidiendo otra, daba órdenes al TSJ para que dictaminarán a su favor y el Banco Central Central lo utilizaba como una caja chica, en sus pretensiones de sustraer dinero para financiar campañas electorales, complacer a los inefables chulos latinoamericanos y Caribeños. A Chávez los economistas lo consideran “ El padre de la crisis “ porque destruyo las instituciones y empresas productivas en Venezuela e incumplió con los contratos con las empresas extranjeras. Hizo con los fondos públicos lo que le dio la gana y sin rendir cuenta a nadie, todo bajo completo hermetismo de la mal llamada partida secreta. Un secreto bien guardado que solo él lo conoció y se lo llevó consigo a la tumba sepulcral.

Ningún Magistrado incluyendo su presidente del pasado se hizo respetar y allí Chávez descubrió las debilidades y fortaleció su ego y erosionando la separación de poderes y la independencia del poder judicial amplió de 20 a 30 el número de Magistrados, los cuales se elegirán por mayoría simple por la AN. Así se blindó el régimen de los cargos entre otros por la violación de los derechos humanos.
Cuando el TSJ se enteró que en la Asamblea Nacional se discutiría un proyecto de ley con argumentos necesarios, no para poner en duda la honorabilidad de 13 Magistrados express elegidos por la extinta AN de manera apresurada, sino cuestionado el Baremos y la omisión de los respectivos currículos, se blindaron con una coraza de impunidad contra lo que vendría más tarde y para ello le enviaron al presidente del parlamento Ramos Allup un oficio con una sentencia emitida por la Sala Constitucional del TSJ que limita las facultades del poder Legislativo. La acción fue calificada como una provocación y un llamado a la reflexión por parte de la propia Asamblea y su presidente se preguntó ¿ Qué ocurriría si la Sala Constitucional, sin control, decidiera interpretar la constitución a su manera contra su texto ? ¿ Nadie revisa eso ? Lo que está ocurriendo no es ninguna sorpresa, son los resultados del 6D en el cual el gobierno perdió el poder de la AN. Por ello utiliza al TSJ para buscar apoyo de las posibles consecuencias en su contra y el TSJ se ha prestado como respaldo a las acusaciones. La AN analizará la sentencia respectiva y dará respuesta a su contenido.
Las controversias entre estos dos poderes es inconveniente para el propio país, pues todos los contratos con terceros deben ser de conocimiento y avalados por la AN, entonces quien contrate a espaldas solo con el poder Ejecutivo, corre el riesgo de que los mismos sean nulos y nadie quiere correr riesgo por no cumplir con el precepto legal, esas son las advertencias que habría que hacerle a todo aquel que contrate con el Ejecutivo que debería exigirle que cumpla con todos los trámites de las leyes Venezolanas, de lo contrario no hay contratación alguna.
“La Justicia dicen que es ciega en el sentido de imparcialidad, de lo contrario no es justicia para nadie”.
Escrito por Lindolfo Perozo
email perozo.lindolfo@gmail.com
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